El 4 de abril de 2001, fue la primera vez que la CIDH exhortó al gobierno mexicano trasladar a la Procuraduría General de la República (PGR) un caso de violación sexual ejercida por soldados, esto con el objetivo de juzgar con mayor efectividad a los miembros de las fuerzas armadas que incurrieran en violaciones contra los derechos humanos.
Dicha recomendación del organismo internacional fue por el caso de Ana, Beatriz y Celia González Pérez (nombres ficticios), de tres indígenas tzeltales, que el 4 de junio de 1994 fueron detenidas en un retén militar, instalado tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas.
Cabe recordar que las hermanas González Pérez y su madre, Delia Pérez de González fueron interrogadas y privadas de su libertad durante dos horas. En tanto, las tres hermanas fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares. Después de lo ocurrido, el 30 de junio de 1994, las jóvenes agredidas -de 20, 18 y 16 años de edad- presentaron una denuncia ante el Ministerio Público Federal.... y quién hace algo...????
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