Los defensores pidieron castigo a los responsables de las agresiones físicas que sufrió el sacerdote, quien el día de los hechos permaneció retenido por un sector de la población.
Se pronunciaron por una investigación inmediata e imparcial a las violaciones de derechos humanos cometidas en contra del párroco y urgieron para que se finquen las responsabilidades administrativas y penales en contra de los funcionarios que abusaron de su autoridad y cometieron violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, exigieron a las autoridades locales respetar el trabajo que realizan todos los defensores y aquellas personas que hacen una labor de promoción y defensa de las garantías individuales.
Repudiaron que en Oaxaca se criminalice la protesta y la lucha social y se les dé calidad de delincuentes a las personas que se organicen, manifiesten sus ideas y reclamen sus derechos. En este rubro, puntualizaron, el Estado tiene la obligación de proteger estos derechos, sin distinción alguna, garantizando que se ejerzan de manera integral.
En un mismo sentido, refirieron que el gobierno del Estado debe establecer y ejecutar mecanismos eficaces de resolución de conflictos sociales, políticos y agrarios, para que no abone actos de violencia que solo traen rompimiento del tejido social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario